El debate sobre la necesidad de generar un marco regulatorio que reconozca los derechos de lxs trabajadorxs de plataformas es un tema que atraviesa la región y el mundo. Una de las principales demandas a la hora de tratar las leyes sobre el funcionamiento de plataformas digitales, se centra en la seguridad social y la obligatoriedad de que existan canales de atención permanentes para trabajadores de plataformas, que sean capaces de responder a las eventualidades de un trabajo de alto riesgo.
Sin embargo, la discusión va más allá del reconocimiento de una relación laboral porque es importante considerar que las condiciones de trabajo son riesgosas, e incluso ha llegado a costar vidas. En México, el colectivo Ni Un Repartidor Menos ha posicionado en la opinión pública los fallecimientos de varixs repartidorxs en tareas de trabajo. Nació a raíz de la muerte de un trabajador de plataforma y desde entonces recogen los casos par, demandar derechos laborales y sociales.
En Ecuador, las declaraciones de empresas de transporte y reparto en el Ecuador dentro de las comparecencias en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, estas aseguran proporcionar seguros de accidentes y vida que son válidos mientras lxs repartidorxs se encuentren realizando un pedido. Sin embargo, desde el Frente de Trabajadores de Plataformas Digitales del Ecuador (Frenapp), niegan que esto sea así, basado en el acompañamiento que han dado a distintos casos de siniestros donde no han obtenido respuestas de las empresas.
Las precarias condiciones en las que trabajan han significado vidas perdidas y accidentes que han dejado imposibilitadxs a lxs trabajadorxs de continuar como repartidorxs e incluso de trabajar, una realidad a la que se enfrentan en todo el mundo y por la que han surgido canales de denuncia para visibilizar estos casos.
El caso más reciente en el país de la mitad del mundo tuvo lugar el 22 de julio de 2022, cuando un trabajador de la empresa Pedidos Ya tuvo un accidente por el que le tuvieron que amputar sus dos brazos. Estos casos, que continúan sin ser atendidos, muestran la urgencia de una regulación que ampare de manera permanente a quienes trabajan jornadas extendidas, sin garantías ni derechos.